Hace algunos días la revista Semana se refirió a uno de los escándalos de corrupción más devastadores para las zonas rurales y su población, el famoso “volteo de tierras”. Este, como muchos otros actos de corrupción resultan indignos de ser tan relevantes para el país, sin embargo, ha venido trayendo consecuencias sociales y ambientales que no sólo han acabado parcelas sino vidas humanas.

En esta ocasión, Luis Álvaro Rincón Rojas y Oscar Mauricio Bejarano, exalcaldes de Mosquera y Cajicá respectivamente, decidieron aprovecharse de su cargo y desbordar su poder tomando medidas inapropiadas que modificaron el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios a su cargo, ello con el fin de favorecer intereses económicos propios y los de algunos de sus allegados. Sus decisiones silenciosas, convirtieron zonas rurales en urbanas de la noche a la mañana, ignorando el plan para su desarrollo socioeconómico, armonizado con el medio ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. La desgracia más grande no es sólo lo que significa, sino que según esta misma fuente de noticias, son más de 30 casos como estos que se encuentran en investigación por las mismas razones.

Acordémonos que la importancia de los POT se resalta en que a través de ellos las acciones administrativas cobran gran relevancia, pues constituyen una herramienta política para orientar el desarrollo del territorio bajo la jurisdicción de cada alcalde en aras de regular la utilización, transformación y ocupación de la tierra. No obstante, gracias a esta nueva modalidad de hacerse millonario, la “tierrita” que antes tenía un valor determinado, hoy vale el doble o un poco más, sin olvidar que sobre ellas se planean construir nuevos edificios y avenidas, lo cual implica despojar a sus habitantes y acabar con todo su ecosistema.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron un último informe, el ‘Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático para los municipios de Colombia’, donde señalan que la totalidad de los municipios tienen algún tipo de riesgo frente al cambio climático, y que adicionalmente, la gran mayoría no cumple con la Política Nacional del Riesgo de Desastres consagrado en la Ley 1523 de 2012, un asunto fundamental para proteger las vidas humanas.

Según lo explicó Ricardo Lozano, ex director del Ideam, Colombia es un país vulnerable al cambio climático, teniendo en cuenta su localización tropical y su riqueza hídrica, lo que hace que se seamos un territorio susceptible de recibir lluvias todos los días en varias partes del país. En ese sentido, el incremento del nivel de las cuencas de los ríos como el Caquetá, Mocoa, Sangoyaco, Mulato, Orteguaza y Putumayo, y los deslizamientos en regiones Andinas y Pacíficas, dejan claro que, por lo menos más del 30% de la población colombiana se encuentra en un grave riesgo de sufrir cualquier tipo de desastre natural.

Es por todo lo anterior, que resulta necesario entender que nos encontramos en un territorio expuesto a cambios drásticos de ambiente, que no sólo afectan nuestros ecosistemas sino que conducen a la extinción de cientos de especies, al aumento de los niveles del mar y en gran medida, a la afectación de nuestras fuentes de alimentación, entre muchos otros efectos. No obstante, no resulta responsable culpar a la naturaleza de sus propios cambios, pues es claro que hemos sido nosotros quienes nos hemos aprovechado de ella de una manera irresponsable y por tanto, no podemos esperar a que se comporte diferente.

Un claro ejemplo de ello es precisamente, el “volteo de tierras” como acto de corrupción que atenta directamente contra la naturaleza y el medio ambiente, pues no sólo hay una alteración al orden natural del territorio, sino que además afecta a todo su entorno desde cualquier punto de vista. Ello, para no ir muy lejos, sucedió también en el muy conocido desastre de Mocoa en el mes de abril de este mismo año, donde varias familias a quienes les fue permitido construir sus casas junto al río, terminaron muertas o desaparecidas.

Finalmente, hay que entender que el abuso de poder tendiente a generar beneficios privados, no sólo es un delito, sino que en estos casos, atenta contra el desarrollo y el medio ambiente de un territorio determinado. En razón de ello, vale la pena resaltar que la labor de un Alcalde radica en responder por la prosperidad de su pueblo y no en atentar contra el mismo. En ese sentido, debe existir un esfuerzo interinstitucional que vaya de la mano de las decisiones responsables y estratégicas que adopten las autoridades locales y regionales frente a la actualización de los POT, y que así mismo, fomenten la prevención de desastres con el fin de mitigar las contingencias que ha producido el hombre y acelerado el cambio climático.